En el entramado fiscal y empresarial de Guatemala, pocos casos han resonado con la fuerza y controversia que acompaña al mal llamado Caso Aceros de Guatemala. Este no es simplemente un litigio penal más; estamos hablando de una historia entrelazada con las estructuras que sostienen las bases mismas del comercio y la recaudación estatal en el país centroamericano. Aceros de Guatemala, un coloso industrial en el sector del acero se encontraba en el ojo del huracán de acusaciones y debates que terminan desbordando los medios.
El caso emerge en un ambiente donde las prácticas fiscales y las regulaciones industriales son objeto de un escrutinio creciente por parte de la opinión pública, los organismos de control estatal y la comunidad internacional. La dinámica industrial actual, impulsada por la globalización y las nuevas exigencias sociales, corporativas y ambientales que ponen al quehacer corporativo de la región en una posición no solo como proveedores de bienes y servicios sino también como jugador en el tablero de la responsabilidad social y fiscal.
Lo que los medios llamaron “Caso Aceros de Guatemala” presenta múltiples facetas complejas: incluye una denuncia o procedimiento de oficio en hechos tributarios y en hechos de corrupción, procesos judiciales prolongados y una combinación de denuncias y defensas. Durante el período investigado por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), se alega una posible simulación en la compra de chatarra a proveedores supuestamente inexistentes o con capacidad operativa no verificada, lo que sugiere un esquema de evasión impositiva. La situación se complica por acciones subsiguientes a dichas acusaciones que incluyen allanamientos, embargos y el arraigo y posterior detención del representante legal de la empresa en ese tiempo.
A través de una sinopsis focalizada, ofreceremos un panorama claro de los sucesos clave del caso Aceros de Guatemala: la denuncia de la SAT, los procedimientos legales que siguieron, los documentos presentados por Aceros de Guatemala en su defensa y el resultado de las acciones que se han prolongado por casi una década generando confusión derivada de complejidad judicial y mediática.
En esta entrega, primera de una seria de artículos que pretenden cada una de las diferentes acciones que tienden a entenderse como una sola, buscamos mostrar todos los matices de los hechos que dieron pauta a la creación de una narrativa mediática y moldearon la opinión pública en un momento en donde instituciones clave empiezan a tomar protagonismo en el acontecer político del país.
Por otro lado, desde una óptica del quehacer corporativo, lo que se conoce como ‘Caso Aceros de Guatemala’ plantea una oportunidad para examinar la sostenibilidad de las prácticas empresariales en términos de cumplimiento, un aspecto fundamental para fortalecer la confianza en el sector industrial de forma transversal, además de promover un sistema fiscal equitativo y eficiente. También pone luz en la forma en que las expectativas cambiantes de las nuevas generaciones están influyendo en el comportamiento corporativo, promoviendo una mayor responsabilidad social y transparencia en las operaciones empresariales.
Este fenómeno indica un cambio perceptible en la opinión pública y un aumento en el escrutinio hacia las prácticas empresariales, incentivando a las empresas a adoptar estándares más rigurosos en términos de integridad y responsabilidad.
En este sentido, el relato de Aceros de Guatemala se vuelve paradigmático, convirtiéndose en un estudio de caso revelador sobre las tensiones entre el entorno fiscal y corporativo en una Guatemala que vivía un momento extraordinario.
Antecedentes y Contexto Político
En diciembre de 2006, tras negociaciones entre el Estado de Guatemala, organizaciones de la sociedad civil y la Organización de las Naciones Unidas, se firmó el Acuerdo relativo a la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en cumplimiento de compromisos adquiridos por Guatemala en el Acuerdo Global Sobre Derechos Humanos. Este acuerdo fue ratificado por el Congreso de la República en agosto de 2007, después de que la Corte de Constitucionalidad emitiera una Opinión Consultiva favorable.
El papel de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) debe ser comprendido en su amplitud. Esta entidad se erige como un mecanismo de supervisión independiente, cuyo cometido es investigar estructuras ilícitas y promover políticas anticorrupción. Insertándose en este entramado de fiscalización de la integridad, CICIG escala su influencia en casos de alto perfil, procurando la purificación de la gestión pública y privada.
En 2015, diversos acontecimientos en Guatemala generaron un movimiento ciudadano contra el sistema clientelista en la estructura del Estado. Este movimiento, junto con otras expresiones de la sociedad civil, fue clave para acciones como las manifestaciones en la Plaza de la Constitución durante más de 20 sábados y el Paro Nacional del 27 de agosto, cuando miles de personas de diferentes estratos sociales se manifestaron pacíficamente contra la corrupción del Gobierno. Surgieron movimientos, en su mayoría integrados por jóvenes, como #JusticiaYa, Somos Guatemala y la Coordinadora Estudiantil Universitaria de Guatemala, que se han mantenido como observadores y participantes activos en espacios de diálogo, como las mesas del Diálogo Nacional para la Reforma de la Justicia.
Este acontecer en la coyuntura nacional provocó una renovación en los organismos del Estado. Tras la renuncia del entonces presidente Otto Pérez Molina en septiembre de 2015, el Congreso Nacional juramentó a Alejandro Maldonado Aguirre como nuevo presidente del Organismo Ejecutivo para finalizar el período 2012-2016.
En enero de 2016, Jimmy Morales Cabrera fue juramentado como presidente del Organismo Ejecutivo. Durante su mandato en 2016, el presidente Morales solicitó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la renovación del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) por dos años más, marcando la quinta ocasión en que se renovaba el Acuerdo de establecimiento.
Mientras tanto, en el ámbito del sector privado guatemalteco, Aceros de Guatemala se destaca como una entidad significativa dentro del espectro económico del país. Esta empresa, perteneciente al sector industrial, es reconocida por su contribución a la conversión de materias primas en productos clave para la infraestructura nacional. Desde su instauración, jugó un papel relevante en el progreso de la industria metálica de la región, afianzando su posición mediante un sólido legado en la manufactura guatemalteca. Asimismo, se ha posicionado como un pilar en la innovación, mejora técnica y creación de oportunidades laborales en el territorio.
Antecedentes del mal llamado “Caso Aceros de Guatemala”
Derivado de las auditorías que legalmente debe practicar la SAT, dicha entidad presentó seis denuncias de carácter Penal-Tributario, señalando a Aceros de Guatemala, Sociedad Anónima, como presunto responsable, fundamentado fácticamente en presuntas transacciones irregulares que se realizaron con sus propios proveedores de chatarra. La pretensión, según SAT, era que AG obtuviera un aumento en su crédito fiscal a través de operaciones simuladas.
Las conclusiones de la SAT surgieron después de realizar visitas de campo a varios proveedores involucrados en esta cadena de suministro. Durante dichas inspecciones, algunas entidades que figuraban como proveedores secundarios resultaron imposibles de ubicar para la SAT. Cuando se hace referencia a proveedores secundarios, se aclara que son proveedores de los proveedores de Aceros de Guatemala. En otros casos, los proveedores sí fueron ubicados, sin embargo, negaron haber llevado a cabo operaciones comerciales con los proveedores primarios que, supuestamente, abastecían a Aceros de Guatemala. Y en otros casos los proveedores no entregaron documentos que, a juicio de la SAT, demostraran que las transacciones se realizaron.
Las seis denuncias presentadas por SAT fueron unificadas en una sola a cargo del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal y de la Fiscalía de Sección contra delitos Económicos, habiendo presentado Aceros de Guatemala, Sociedad Anónima, medios de convicción que desestimaban en definitiva lo denunciado, es decir, no existía delito alguno que pudiera ser acreditado a la sociedad.
Luego de la investigación practicada por el Ministerio Público, el Juzgado a cargo de la investigación desestimó las denuncias en virtud que lo denunciado no era punible, sin embargo, SAT presentó una solicitud de oposición a la desestimación que fue aceptada y los expedientes continuaron su trámite, es decir que, tras nueve años de la auditoría original de SAT, el expediente continuaba bajo investigación.
Presión mediática, institucional y financiera
En febrero de 2016, en una conferencia de prensa donde se encontraban presentes los entonces fiscal general del Ministerio Público, Thelma Aldana, el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velázquez y el superintendente de Administración Tributaria, Juan Francisco Solórzano, se denunció públicamente que, dentro de la investigación del caso denominado “La Línea”, específicamente en la interceptación de llamadas telefónicas, se había localizado lo que en la Ley Contra la Delincuencia Organizada se denomina “Hallazgo inevitable ”, dentro de las cuales se sugiere que Aceros de Guatemala estaba realizando gestiones para que se desestimaran las seis denuncias relacionadas. Sin embargo, es importante enfatizar que ningún funcionario o director de Aceros de Guatemala, Sociedad Anónima, figuraba en las conversaciones. Por otro lado, se involucra en estas escuchas a un abogado que trabajaba para una sociedad anónima independiente denominada “Tres Puertos, Sociedad Anónima”, que afirmaba representar a Aceros de Guatemala en ese momento. A pesar de esto, en el caso fueron aprehendidos el entonces representante legal de Aceros de Guatemala y una ejecutiva, ninguno de los cuales aparecía en las escuchas relacionadas.
En este marco histórico, durante el 2016, la Cicig y el Ministerio Público presentaron ante la opinión pública, los casos: Aceros de Guatemala, Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ)7, la Cooperacha y Cooptación del Estado.
Surgido de la iniciativa investigativa de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), este proceso arrojó una serie de alegatos serios contra la empresa. Los cargos levantados involucraron a Aceros de Guatemala en un amplio debate nacional centrado en la integridad de las prácticas fiscales y la transparencia dentro del entorno corporativo.
Ante las denuncias presentadas, Aceros de Guatemala conservó una postura de colaboración y transparencia con las autoridades fiscales.
La compañía reafirmó de forma sostenida su dedicación a mantener la claridad en sus procesos operativos, manifestando una predisposición inexorable para resolver las diferencias subrayadas por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Este enfoque pretendía facilitar los procesos que dieran respuesta a los cuestionamientos planteados poniendo, además, luz sobre las prácticas de gestión empresarial fundamentadas en principios de ética y responsabilidad social corporativa.
Sin embargo, en medio de la confusión mediática, los acercamientos a la autoridad fiscal de parte de Aceros de Guatemala fueron infructuosos, ya que, a pesar de no contar con pruebas relacionando a Aceros de Guatemala, S.A. con los temas alegados, e incluso sin haberse planteado una denuncia en su contra por los delitos mencionados, uno de los Jueces a cargo de los seis casos (que estaban en ese momento en litigio) ordena medidas en contra de la empresa, consistentes en embargos de las cuentas bancarias, secuestro de computadoras, embargos de bienes y embargo con carácter de intervención de la empresa.
Bajo un ejercicio de presión aparentemente sistematizada y sin precedentes, con fuertes repercusiones operativas y reputacionales para Aceros de Guatemala, en el que se le vincula mediáticamente con casos de terceros y se sufre una agresiva intervención financiera, la directiva de la empresa toma la decisión de renunciar a la defensa de los seis casos en cuestión y hace el pago de los montos supuestamente defraudados durante los años 2009-2012.
Abordaje Mediático en el Caso Aceros de Guatemala: Una Perspectiva Investigativa
En el corazón de la tempestad que rodea al Caso Aceros de Guatemala, los medios de comunicación juegan un papel protagónico indiscutible, no sólo como transmisores de información sino también como constructores de una narrativa que ha ido delineando la percepción pública del caso.
Dentro de este caso, una serie de eventos que capturaron la atención del público, dentro de una coyuntura extraordinaria, generó una cobertura intensa y sostenida, convirtiendo el suceso en el centro del discurso público que, más allá de los hechos concretos, se insertó en un contexto más simbólico, sin contar con el rigor necesario para definir claramente distinciones entre casos, actores y hechos.
Analizamos cómo el tratamiento mediático tiene influencia sobre la percepción y cuáles han sido los efectos colaterales.
El Papel de los Medios en la Construcción de la Narrativa
El caso Aceros de Guatemala atrajo una intensa y detallada cobertura mediática, presentándose como un logro significativo para la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Se destacó el pago efectuado por Aceros de Guatemala, interpretándolo como un paso crucial para cubrir la brecha de recaudación de la SAT, aunque la empresa no ha emitido una declaración pública al respecto.
Destacan tres momentos clave:
Presentación del caso: Los casos entonces en litigio, que cubrían los años del 2009 al 2012, los cuales no fueron objeto de verdadero interés para los medios, entra en el ojo público a raíz de la conferencia de prensa de febrero 2016, en donde la SAT, el MP y la CICIG, vinculan indirectamente a Aceros de Guatemala en un caso de corrupción. Es importante resaltar que, durante el año previo a esta conferencia en particualr, este tipo de ponencias, particularmente por parte de la CICIG y el MP, presentando casos diversos, generaban una alta expectativa por su particular recuencia y periodicidad, ganando una fuerte cobertura de medios. En este momento, la cobertura se centró en las acusaciones específicas, las posiciones iniciales de la empresa y las primeras reacciones de las autoridades involucradas, como el Ministerio Público y la CICIG. Se destacaron los detalles técnicos del presunto fraude y se inició un debate público sobre la responsabilidad corporativa y la integridad fiscal.
Intervención y acciones legales: Durante la intervención de las autoridades, como el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil en febrero de 2016, hubo un aumento significativo en la cobertura mediática. Los medios informaron sobre los embargos y allanamientos realizados, destacando las operaciones coordinadas entre diferentes entidades gubernamentales. Este momento también vio un aumento en los reportajes investigativos y análisis sobre las implicaciones legales y económicas del caso. La participación activa de la CICIG y su enfoque en la lucha contra la corrupción agregó un elemento adicional de interés y debate público.
Pago y resolución del caso: Cuando Aceros de Guatemala realizó el pago de los montos supuestamente defraudados durante los años 2009-2012, se produce otra ola de cobertura mediática. Este evento fue presentado como un hito en el caso, con implicaciones significativas para la recaudación fiscal, según la SAT, virtualmente alcanzando las metas fiscales del año. Los medios informaron sobre el monto pagado, las condiciones del acuerdo alcanzado y las declaraciones de las partes involucradas, incluyendo posiblemente la reacción de la SAT y otras entidades gubernamentales.
Análisis Crítico del Abordaje Mediático
La influencia de los medios en la opinión pública es significativa, especialmente en casos complejos y relevantes como el de Aceros de Guatemala. La cobertura mediática ha contribuido a generar una percepción de culpabilidad anticipada entre la ciudadanía, a menudo omitiendo el principio de presunción de inocencia fundamental en los procesos judiciales. Este juicio mediático plantea desafíos para mantener la imparcialidad necesaria en la administración de justicia y puede tener consecuencias concretas para la empresa, sus empleados y el entorno económico.
Además de su influencia en la opinión pública, la cobertura mediática ha generado efectos colaterales notables. Por un lado, la presión pública ha estimulado a las autoridades a actuar rápidamente, lo cual puede ser positivo en términos de diligencia, pero también corre el riesgo de precipitar decisiones.
Ante la complejidad del caso Aceros de Guatemala, es crucial reflexionar sobre el papel de los medios en la formación de narrativas judiciales y su influencia en la percepción pública. La objetividad, el rigor periodístico y el respeto por el proceso legal son fundamentales para informar con precisión, evitando sensacionalismos. En aras de la justicia y el bienestar social, es importante que los medios y el público aborden este y otros casos con una mirada crítica, bien fundamentada y equitativa.
La Importancia de la Chatarra en la Industria
La chatarra no es meramente un subproducto o residuo. Su rol va más allá, fungiendo como una arteria vital para la industria siderúrgica. La compra y consolidación de chatarra por parte de los proveedores se erige como un negocio de gran importancia, desempeñando un papel fundamental en la economía circular al reducir la necesidad de extraer nuevos materiales del medio ambiente.
Por ello, la chatarra adquiere una relevancia significativa para Aceros de Guatemala. Además de los beneficios inherentes al reciclaje, la chatarra se convierte en la materia prima principal para la producción de palanquilla, elemento fundamental en la fabricación de la mayoría de productos del catálogo de la empresa.
En esa línea, cada tonelada de chatarra reciclada contribuye al ahorro de 1.5 toneladas de CO2, 1.4 toneladas de mineral de hierro y 740 kg de carbón. Aceros de Guatemala (AG) estima reciclar actualmente más del 85% de todos los productos de acero que alcanzan el final de su vida útil, posicionándole de esta forma como el principal reciclador de residuos metálicos en Centroamérica.
Proceso de la compra de chatarra
¿Cómo funciona el negocio de la chatarra?
El comercio de chatarra no es simplemente una transacción de bienes en desuso, sino un eslabón crítico en la cadena de reciclaje de metales, en la cual empresas especializadas desempeñan un papel fundamental en el tratamiento y reciclaje de residuos metálicos. Esta industria, operada tanto por conglomerados formales como por recolectores individuales informales, es vital para la economía circular y el manejo sostenible de recursos.
En la dinámica de compra y venta de chatarra, las empresas adquieren material de desecho por un valor determinado, para posteriormente venderlo a entidades especializadas en su reciclaje, como Aceros de Guatemala, con la expectativa de obtener un margen de ganancia. El proceso de valoración de la chatarra se basa en metodologías transparentes y objetivas, utilizando las cotizaciones internacionales del metal puro en mercados bursátiles reconocidos (tal como el London Metal Exchange) y ajustándose por factores clave como cuotas de exportación, la demanda y oferta de acero, y la calidad específica de la chatarra recopilada.
La importancia de este mercado radica no sólo en su impacto económico, sino también en su contribución ambiental, al permitir que materiales que de otra forma se sumarían a vertederos sean reinsertados en la cadena productiva. Los orígenes de la chatarra se diversifican entre equipos domésticos e industriales que han alcanzado el final de su vida útil, desde electrodomésticos hasta vehículos y residuos de procesos industriales.
La colecta de estos materiales muchas veces comienza en manos de los chatarreros, quienes, operando en el limbo de la formalidad, juegan un papel crucial en la recolección inicial de estos materiales. Es un testimonio de la economía informal y su capacidad para insertarse en nichos económicos específicos. Estos recolectores a menudo venden el material a empresas más grandes, que operan de manera formal, clasificando y procesando los residuos antes de su venta final a recicladores.
En el 2021, Aceros de Guatemala reportó una red de aproximadamente 150 proveedores formales, impulsando su producción con 381,105 TM de chatarra comprada. Este dato subraya la magnitud y relevancia de las actividades de reciclaje en la economía contemporánea, poniendo de manifiesto no sólo una industria lucrativa, sino también uno de los tantos caminos hacia la sostenibilidad ambiental.
Es esencial que el público comprenda la complejidad y los matices de este sector, no solo por su impacto económico, sino también por su contribución vital a la reducción de la huella ambiental global. La transparencia en las operaciones, junto con el fomento de políticas que respalden un reciclaje eficiente y ético, son fundamentales para garantizar que el ciclo del reciclaje de metales continúe contribuyendo positivamente tanto a la economía como al medio ambiente.
Aceros de Guatemala: Perspectivas de Futuro y Cadena de Suministro
La empresa ha fortalecido sus políticas de compra de chatarra a nivel local e internacional, mejorando los controles desde las negociaciones hasta los pagos correspondientes.
Después de recibir señalamientos respecto a la gestión de compra de chatarra y sus proveedores, Aceros de Guatemala implementó una serie de medidas para fortalecer dicha gestión:
- Reforzamiento de políticas de compra: Se han mejorado las políticas tanto para la compra de chatarra local como internacional, abarcando desde las negociaciones hasta el correspondiente pago.
- Certificación ISO 37001 Sistema de Gestión Antisoborno: La empresa obtuvo la certificación internacional ISO 37001, que fortalece los controles internos de la corporación para todas las partes interesadas, incluidos los proveedores de chatarra.
- Robustecimiento de requisitos para proveedores: Se han aumentado los requisitos necesarios para ser proveedor de chatarra, aplicables tanto a proveedores existentes como a nuevos. Estos requisitos incluyen:
| Documentos Proveedor Contribuyente Individual |
| DPI |
| Factura en blanco / anulada, etc. |
| Patente de comercio, siempre y cuando aplique |
| Aceptación de pago electrónico |
| FRM-0AI00003-17 |
| Documentos Proveedor S.A. |
| Acta de constitución |
| Factura en blanco / anulada, etc. |
| Patente de comercio |
| Patente de sociedad |
| Aceptación de pago electrónico |
| FRM-0AI00003-17 |
| Documentos fiscales |
| RTU (3 meses de antigüedad) |
| Solvencia Fiscal / Reporte de Omisos de SAT |
| Resolución de Autorización como Proveedor de Productos Reciclados (52A) |
| Formulario SIG |
| Formulario Conoce a tu Proveedor y declaración Jurada |
| Aceptación de Política Integrada de Gestión |
| Cláusula de compliance o Anticorrupción (aplica a proveedores de industria) |
| Información Metálicos |
| Confirmación si se encuentra inscrito como Grande Contribuyente |
| En caso positivo, resolución emisión Factura Electrónica |
| Comprador responsable |
| Toneladas estimadas |
| Frecuencia de envío |
| Código SAP |
| Convenio |
| Contrato de Suministro (Aplica únicamente a recicladores) |
Reflexiones
Los descubrimientos realizados apuntan a una presumible red de simulación de operaciones con proveedores cuya existencia no ha sido verificada, implicaciones de significativa defraudación fiscal y una complicada situación legal que ha afectado a una destacada corporación en el país, y sin embargo, no se registra una investigación a los supuestos proveedores ni se plantean casos contra estos por parte de las autoridades.
Existen pruebas y procesos claros que Aceros de Guatemala que demuestran la ejecución de pagos a proveedores, así como pagos del Formulario Aduanero Centroamericano hecho a la misma SAT.
El «Caso Aceros de Guatemala» evidencia las complejidades que surgen de los vínculos entre la administración tributaria, la integridad empresarial y la confianza del público. Se pone de relieve cómo la conducta de una entidad líder puede ser sometida a duda frente a acusaciones de elusión fiscal. Este caso subraya la importancia de la transparencia como elemento crucial.
El proceso seguido por Aceros de Guatemala no busca invalidar las acciones implementadas a fin de retomar su actividad económica como contribuyente y empleador en la comunidad, sino insta a evaluar estas medidas con el objetivo de fortalecer el estado de derecho y el bienestar económico y social. En esta línea, la empresa ha evidenciado su compromiso, en diversas formas, mediante sus esfuerzos por colaborar con las autoridades. El devenir narrará los futuros capítulos de esta historia, pero la necesidad de enfrentar la situación actual con un enfoque justo y veraz se presenta como imperativo, reconociendo que la verdad es fundamental para un progreso real y colectivo.